REVISIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN

La obra está llamada a constituir el primer volumen de una colección de Derecho Administrativo práctico, que pretende ser una herramienta útil para el ejercicio de la abogacía en el campo del Derecho Público, un área del Derecho que, en contra de lo que pudiera pensarse desde fuera, no está reservada a unos pocos especialistas, sino que comprende una amplia práctica a muy diferentes niveles, con algunos que quizá se reduzcan a un cierto número de asuntos de gran cuantía pero con otros de carácter masivo.
Este volumen se ocupa de la impugnación de la actuación de la Administración, sea ante la propia Administración o ante los tribunales contencioso-administrativos.
Cualquier país que pretenda tener siquiera una apariencia de ser un Estado de Derecho, de proteger aun mínimamente los derechos de los ciudadanos, ha de permitir que tales ciudadanos puedan reclamar frente a las actuaciones de la Administración, que es humana y, por tanto, puede errar. La Administración ni debe verse como una madre amantísima (nadie la ve así, desde luego), ni tampoco como un Leviatán, un monstruo, respecto del cual la única decisión inteligente es la de reducir su tamaño e incluso sus poderes. En un Estado social y democrático de Derecho, como el nuestro, es precisa una Administración eficaz, para la realización de los intereses públicos, que son los intereses de los ciudadanos en su conjunto, para lo cual es menester dotar a la Administración de poderes jurídicos y de adecuados medios materiales y humanos. Pero, igualmente, el Estado de Derecho reclama que los tribunales de justicia controlen la adecuación de la Administración al propio ordenamiento jurídico, sin que debamos llegar, por supuesto, a un Gobierno de los Jueces. No pretendamos ni un Gobierno platónico de los filósofos ni un Gobierno a golpe de sentencia.
En España, junto a la revisión de actos en vía administrativa, sea a través del cauce de los recursos o de los procedimientos de revisión de oficio, el control judicial de la actividad administrativa se lleva a cabo a través del tradicionalmente denominado recurso contencioso-administrativo que, en realidad, no es un recurso administrativo (equiparable a los de reposición, alzada ni aún económico-administrativo), sino una auténtico proceso judicial, a través de auténticos órganos jurisdiccionales, que ejercen la función propia del Poder Judicial de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, pero de carácter especializado, como especializado es el Derecho administrativo y especial es la propia realidad de la Administración.
De ello, desde la perspectiva práctica que inspira esta colección, nos ocuparemos en este volumen.
Por supuesto, cualquier semejanza entre la documentación práctica contenida en esta colección y la realidad es puramente involuntaria, puesto que los modelos, formularios o casos prácticos facilitados han sido creados a efectos puramente didácticos.
No debo concluir sin agradecer a Sara Aranda su ayuda en la coordinación de la obra.
La lectura del libro será la que permita juzgar la obra al lector, al que agradezco desde luego su interés.