ORDEN SOCIAL Y LITIGIOS INTERNACIONALES: COMPETENCIA JUDICIAL

El presente trabajo acomete el reto de exponer y analizar el régimen de competencia judicial internacional de la jurisdicción social española, integrado por diversos sistemas, de muy distinto origen, cuya existencia no es siempre conocida y su contenido con frecuencia erróneamente aplicado. Por ello, el Capítulo I de esta obra contiene una descripción exhaustiva de dicho sistema, que aunque a los especialistas del Derecho internacional privado pudiera resultar básica en exceso, los prácticos del Derecho laboral agradecerán sin duda el esfuerzo clarificador realizado por la autora en su exposición. Ésta dibuja con la necesaria nitidez el ámbito de actuación de la jurisdicción social española en el marco de los litigios internacionales, entendiendo por tales aquellos donde concurre un elemento de extranjería, sea cual sea su naturaleza: nacionalidad extranjera de alguna de las partes, realización de la prestación laboral fuera de nuestro país, etc.
Sobre la base de este primer capítulo, la autora analiza, en los tres capítulos siguientes, las reglas de competencia contenidas en cada uno de los regímenes descritos, siempre desde la perspectiva de su aplicación por los tribunales españoles. Así, el Capítulo II estudia el sistema de competencia judicial emanado del legislador comunitario, dando a la reciente entrada en vigor del Reglamento 44/2001, de 22 de diciembre de 2000, la importancia que éste requiere. Dentro de la compleja y completa regulación que en materia de contrato de trabajo contiene dicha norma, la autora se detiene con particular interés en el foro de la sumisión, por tratarse de un criterio de competencia raramente admitido por nuestros tribunales. Sobre esta realidad, se describen los límites y el contenido de dicho foro, confrontando su regulación legal con el uso que de ella vienen haciendo los tribunales españoles.
El Capítulo III contiene una recopilación de los convenios internacionales que en materia de competencia judicial vinculan a nuestro país. Siendo algunos muy recientes, el análisis de la jurisprudencia española nos demuestra como dichas normas convencionales no son siempre conocidas y correctamente aplicadas por nuestros tribunales. Nuevamente, la autora reproduce aquí el esquema del capítulo anterior: presentación y descripción de la norma, delimitación de su ámbito de aplicación y desarrollo de la técnica jurídica que han de utilizar los tribunales españoles en su utilización.

Como colofón, el Capítulo IV recoge las normas dictadas por el legislador español para delimitar el ámbito de actuación de la jurisdicción social en el marco de los litigios internacionales. Poniendo el acento en su carácter subsidiario, aplicable únicamente en defecto de normas comunitarias o convencionales, la autora realiza un profundo análisis de su contenido, incluyendo interesantes observaciones derivadas del estudio de la jurisprudencia española acuñada en aplicación de este sistema. En este punto, surge nuevamente el interés por señalar las notables diferencias que respecto al foro de la sumisión de las partes presentan los sistemas supraestatales y nuestra normativa interna. Mientras que aquellos consagran la elección de tribunal como foro general de competencia, ésta omite toda referencia al mismo, mostrando además los jueces españoles cierta aversión a reconocer como válida la designación por las partes del tribunal que ha de dirimir sus diferencias.

El desarrollo doctrinal de los tres capítulos anteriores se ve enriquecido por la inclusión de una segunda perspectiva, a mi juicio imprescindible para entender los sistemas que analizan: la visión práctica que aporta el estudio de numerosas resoluciones españolas dictadas en litigios internacionales. Es justamente esta visión judicial la que nos permite apreciar en su verdadera magnitud la creciente importancia de la materia analizada. Como señala la propia autora en sus conclusiones, la práctica jurídica española se muestra cada vez más consciente de la existencia en nuestro ordenamiento de un régimen dual de competencia judicial y de sus mecanismos de aplicación. Tiende, por tanto, a disminuir las resoluciones que omiten la aplicación de las normas convencionales a favor de las internas, o incurren en graves errores conceptuales. Y pese a la persistencia en nuestros tribunales de un cierto grado de desconfianza y desconocimiento hacia los regímenes no estatales de competencia judicial, la conclusión de la autora es optimista, al considerar que dichas prácticas están hoy en recesión. En su opinión, algunas de las decisiones más recientes en la materia revelan un sólido conocimiento del sistema de competencia judicial, tanto comunitario como estatal, al tiempo que otras evidencian la voluntad de los tribunales de aplicar correctamente dicho régimen.