GESTIÓN DE LA EXPROPIACIÓN FORZOSA

Según el artículo 33.3 de la Constitución española, «nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes».
Por tanto, en esta privación o expropiación forzosa, sujeta, lógicamente a las leyes, destacan dos elementos: la causa de utilidad pública o interés social, y la indemnización o justiprecio. Sobre este último ya nos hemos ocupado anteriormente, en El justiprecio de la expropiación forzosa (Estudio de su determinación y pago, con especial consideración de las valoraciones urbanísticas) 1.
Vamos, ahora, a estudiar el otro aspecto fundamental de la expropiación (aparte de que se pague el justo precio), cual es la justificación en una causa de utilidad pública o de interés social y la posible reversión de los bienes o derechos expropiados si tal causa de utilidad pública o interés social se frustra o no se llega a cumplir, comenzando, como base de lo que luego se dirá, por el concepto y regulación de la expropiación forzosa, su naturaleza y fundamento, y sus elementos.
A continuación, examinaremos el presupuesto de toda expropiación forzosa, cual es la existencia de un interés público, legal y constitucionalmente calificado como causa de utilidad pública o interés social (dualidad que, como veremos, no representa, realmente, una diferenciación de régimen jurídico).
Presupuesta la utilidad pública o el interés social, debe también ser declarada o concretada la necesidad de ocupación de los bienes y derechos que específicamente se expropian, entrando en las cuestiones relativas a su tramitación e impugnación. Finalmente, la expropiación se consuma con la ocupación de los bienes y derechos expropiados. Siendo bienes inmuebles generalmente, es menester también la práctica de la correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad.
Comentaremos la existencia de diversos procedimientos especiales. En particular, un estudio especial requieren las expropiaciones urbanísticas, sujetas hoy a la Ley del estatal del Suelo de 2007 y la correspondiente legislación urbanística autonómica. Al igual que en El justiprecio…, merecen un examen particular tales expropiaciones por la importancia, cuantitativa y cualitativa, de que gozan, en la actualidad.
Concluimos nuestra exposición con el examen de las garantías jurisdiccionales, pues todos los derechos establecidos legalmente no son efectivos sino en cuanto, si no son respetados, pueden ser restablecidos por los tribunales de justicia.
La obra incluye un anexo de documentación práctica, de extensión limitada y desde luego no exhaustiva, pero demostrativa de los principales documentos que la gestión de la expropiación forzosa conlleva.
Finalmente, se recoge una relación de bibliografía que se considera de mayor interés para las materias que se tratan en la misma. El libro tiene un enfoque práctico, sin renunciar a la teoría (pues no hay nada más práctico que una buena teoría), pero no pueden agotar todas las posibles cuestiones en dichas materias quepa plantear. Por ello, se incorpora dicha bibliografía, en un intento, hasta las últimas páginas de la obra, de ser útil al lector.