EL MERCADO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

¿Es posible conseguir en el mercado de la contratación pública la eficiencia y dinámica propia de los mercados privados?
No, pero como se analiza en la primera parte de la presente obra, tampoco es lo deseable.
Entonces, ¿debemos contentarnos con la eficiencia actual de la contratación pública?
Nada más lejos de la realidad. La evidencia empírica pone de manifiesto que disponemos de un amplio margen de mejora en este ámbito.
Es cierto que las directivas europeas y su transposición española se muestran conscientes de las peculiaridades estructurales del poder adjudicador como comprador y de los derechos de sus potenciales proveedores como administrados; estableciendo un enfoque coherente con los principios de nuestro Estado de democrático de Derecho a la hora encauzar el gasto público.
Al mismo tiempo, esta normativa trata de abordar las dificultades de los poderes adjudicadores para poder conformar sus demandas, así como las de los operadores económicos para poder participar en procedimientos de compra pública.
Si bien, esta regulación todavía cuenta con ciertas carencias sobre las que en la presente obra se realizan propuestas de lege ferenda, como, por ejemplo, respecto de las posibilidades de reacción del poder adjudicador frente al adjudicatario incumplidor.
A lo anterior se une un comportamiento de los poderes adjudicadores que, en ocasiones, impide la aplicación de los procedimientos y principios contenidos en el ordenamiento, bien por falta de medios, bien por aplicación de un enfoque pragmatista que desconfía de la norma o bien, por responder a intereses diferentes del general.
Es en estos aspectos donde se centra el análisis de las partes segunda y tercera de esta obra, proponiendo la implementación o perfeccionamiento de mecanismos que doten de mayor agilidad y búsqueda de la calidad al mercado público, a la misma vez que se fomente la corresponsabilidad y la cooperación interadministrativa, conjugando la eficiencia del poder adjudicador con los principios de libre concurrencia, libre competencia, transparencia e igualdad de trato.
Debe advertirse que en nuestro estudio nos alejaremos de soluciones que dejen a un lado estos principios, bajo pretextos que traten de conducirnos a una desregulación que impida su prosecución real o que busquen chivos expiatorios de los actuales problemas en realidades que constituyen una auténtica oportunidad para su mayor materialización, como, por ejemplo, la implementación de medios electrónicos.
Durante este estudio, la presente obra permitirá exponer las cuestiones claves de los aspectos tratados de la normativa sobre contratos del sector público y de los criterios interpretativos administrativos y jurisprudenciales, esperando poder ser de ayuda a los profesionales interesados en este mercado, así como a los responsables de los órganos de contratación.